La jueza de lo contencioso administrativo Liliana Heiland aplica esta multa en resolución a la negativa de Telefónica de Argentina de facturar las llamadas a los precios anteriores al “tarifazo”.

Telefónica de Argentina (empresa gestionada por Telefónica de España) tiene un hueso duro de roer. La aplicación del denominado “tarifazo” (un incremento en las tarifas telefónicas superiores al 57%), le supondrá un duro quebranto para sus arcas. La Jueza Liliana Heiland del tribunal de lo Contencioso Administrativo ha impuesto una multa diaria a la operadora por no emitir las facturas telefónicas con los precios anteriores al decreto 92/97 que autorizaba las nuevas tarifas.

Organizaciones de consumidores impugnaron el decreto y consiguieron su paralización el 10 de marzo con una resolución en la que se concedía a TASA una “prórroga de 10 días para efectuar las modificaciones técnicas a fin de cumplir con lo ordenado”. La posición de la operadora fue por el contrario, recurrir la decisión y optar por no facturar en las provincias de Mendoza y la mitad de Buenos Aires, a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Una decisión que ha sido considerada por la magistrada como “injustificable y que ocasiona ademas una grave situación de incertidumbre en los usuarios”.

Fuentes de las organizaciones de consumidores, consideran que al ser retroactiva la sentencia, la multa debe ser aplicada desde el mes de marzo, por lo que alcanzaría ya 5.000.000 de pesos.

La otra empresa operadora Telecom, implicada al igual que Telefónica, en la subida de tarifas, tomo una decisión semejante en la mitad de la zona de Buenos Aires que cubre con su servicio. La misma juez que sanciono a Telefónica, multó a Telecom con 25000 pesos diarios.

“Reacciones españolas”

Sin intención de menoscabar la decisión judicial y la soberanía de Argentina, el ministro español de Industria, Josep Piqué, de visita comercial en Argentina, manifestó a un grupo de periodistas y empresarios, que la resolución judicial ha causado sorpresa e inquietud. El ministro consideró “que las disfunciones y controversias que puedan surgir entre el Poder ejecutivo y el Poder judicial se resuelvan cuanto antes y se reduzcan los periodos de inseguridad para las operaciones de Telefónica en este país”